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Biblioteca del Congreso Nacional
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Identificación de la Norma
: LEY-20084
Fecha de Publicación
: 07.12.2005
Fecha de Promulgación
: 28.11.2005
Organismo
: MINISTERIO DE JUSTICIA
LEY NUM. 20.084
ESTABLECE UN SISTEMA DE RESPONSABILIDAD DE LOS
ADOLESCENTES POR INFRACCIONES A LA LEY PENAL
Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha
dado su aprobación al siguiente
Proyecto de ley:
"TITULO PRELIMINAR
Disposiciones generales
Artículo 1º.- Contenido de la ley. La presente ley
regula la responsabilidad penal de los adolescentes por
los delitos que cometan, el procedimiento para la
averiguación y establecimiento de dicha responsabilidad,
la determinación de las sanciones procedentes y la forma
de ejecución de éstas.
En lo no previsto por ella serán aplicables,
supletoriamente, las disposiciones contenidas en el
Código Penal y en las leyes penales especiales.
Tratándose de faltas, sólo serán responsables en
conformidad con la presente ley los adolescentes mayores
de dieciséis años y exclusivamente tratándose de
aquellas tipificadas en los artículos 494 números 1, 4,
5 y 19, sólo en relación con el artículo 477, 494 bis,
495, número 21, y 496, números 5 y 26, del Código Penal
y de las tipificadas en la ley Nº 20.000. En los demás
casos se estará a lo dispuesto en la ley 19.968.
Artículo 2º.- Interés superior del adolescente. En
todas las actuaciones judiciales o administrativas
relativas a los procedimientos, sanciones y medidas
aplicables a los adolescentes infractores de la ley
penal, se deberá tener en consideración el interés
superior del adolescente, que se expresa en el
reconocimiento y respeto de sus derechos.
En la aplicación de la presente ley, las
autoridades tendrán en consideración todos los derechos
y garantías que les son reconocidos en la Constitución,
en las leyes, en la Convención sobre los Derechos del
Niño y en los demás instrumentos internacionales
ratificados por Chile que se encuentren vigentes.
Artículo 3º.- Límites de edad a la responsabilidad.
La presente ley se aplicará a quienes al momento en que
se hubiere dado principio de ejecución del delito sean
mayores de catorce y menores de dieciocho años, los que,
para los efectos de esta ley, se consideran
adolescentes.
En el caso que el delito tenga su inicio entre los
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catorce y los dieciocho años del imputado y su
consumación se prolongue en el tiempo más allá de los
dieciocho años de edad, la legislación aplicable será la
que rija para los imputados mayores de edad.
La edad del imputado deberá ser determinada por el
juez competente en cualquiera de las formas establecidas
en el Título XVII del Libro I del Código Civil.
Artículo 4º.- Regla especial para delitos sexuales.
No podrá procederse penalmente respecto de los delitos
previstos en los artículos 362, 365, 366 bis y 366
quater del Código Penal, cuando la conducta se hubiere
realizado con una persona menor de 14 años y no concurra
ninguna de las circunstancias enumeradas en los
artículos 361 ó 363 de dicho Código, según sea el caso,
a menos que exista entre aquélla y el imputado una
diferencia de, a lo menos, dos años de edad, tratándose
de la conducta descrita en el artículo 362, o de tres
años en los demás casos.
Artículo 5º.- Prescripción. La prescripción de la
acción penal y de la pena será de dos años, con
excepción de las conductas constitutivas de crímenes,
respecto de las cuales será de cinco años, y de las
faltas, en que será de seis meses.
TITULO I
Consecuencias de la declaración de responsabilidad de
los adolescentes por infracciones a la Ley Penal
Párrafo 1º
De las sanciones en general
Artículo 6º.- Sanciones. En sustitución de las
penas contempladas en el Código Penal y en las leyes
complementarias, las sanciones que se aplicarán a los
adolescentes serán las de la siguiente Escala General:
Penas de delitos:
a) Internación en régimen cerrado con programa de
reinserción social;
b) Internación en régimen semicerrado con programa
de reinserción social;
c) Libertad asistida especial;
d) Libertad asistida;
e) Prestación de servicios en beneficio de la
comunidad, y
f) Reparación del daño causado.
Penas de faltas:
a) Prestación de servicios en beneficio de la
comunidad;
b) Reparación del daño causado;
c) Multa, y
d) Amonestación.
Pena accesoria:
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Prohibición de conducir vehículos motorizados.
Artículo 7º.- Sanción accesoria. El juez estará
facultado para establecer, como sanción accesoria a las
previstas en el artículo 6º de esta ley y siempre que
sea necesario en atención a las circunstancias del
adolescente, la obligación de someterlo a tratamientos
de rehabilitación por adicción a las drogas o al
alcohol.
Párrafo 2º
De las sanciones no privativas de libertad
Artículo 8º.- Amonestación. La amonestación
consiste en la reprensión enérgica al adolescente hecha
por el juez, en forma oral, clara y directa, en un acto
único, dirigida a hacerle comprender la gravedad de los
hechos cometidos y las consecuencias que los mismos han
tenido o podrían haber tenido, tanto para la víctima
como para el propio adolescente, instándole a cambiar de
comportamiento y formulándole recomendaciones para el
futuro.
La aplicación de esta sanción, en todo caso,
requerirá una previa declaración del adolescente
asumiendo su responsabilidad en la infracción cometida.
Los padres o guardadores del adolescente serán
notificados de la imposición de la sanción, en caso de
no encontrarse presentes en la audiencia.
Artículo 9º.- Multa. El juez podrá imponer una
multa a beneficio fiscal que no exceda de diez unidades
tributarias mensuales. Para su aplicación y la
determinación de su monto, además de los criterios
señalados en el artículo 24 de la presente ley, se
considerarán la condición y las facultades económicas
del infractor y de la persona a cuyo cuidado se
encontrare.
El juez, a petición del adolescente o de su
defensor, podrá autorizar el pago de la multa en cuotas.
La multa será conmutable, a solicitud del
infractor, por la sanción de servicios en beneficio de
la comunidad, a razón de 30 horas por cada tres unidades
tributarias mensuales.
Artículo 10.- Reparación del daño. La reparación
del daño consiste en la obligación de resarcir a la
víctima el perjuicio causado con la infracción, sea
mediante una prestación en dinero, la restitución o
reposición de la cosa objeto de la infracción o un
servicio no remunerado en su favor. En este último caso,
la imposición de la sanción requerirá de la aceptación
previa del condenado y de la víctima.
El cumplimiento de la sanción no obstará a que la
víctima persiga la responsabilidad contemplada en el
artículo 2320 del Código Civil, pero sólo en aquello en
que la reparación sea declarada como insuficiente.
Artículo 11.- Servicios en beneficio de la
comunidad. La sanción de prestación de servicios en
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beneficio de la comunidad consiste en la realización de
actividades no remuneradas a favor de la colectividad o
en beneficio de personas en situación de precariedad.
La prestación de servicios en beneficio de la
comunidad no podrá exceder en ningún caso de cuatro
horas diarias y deberá ser compatible con la actividad
educacional o laboral que el adolescente realice. La
sanción tendrá una extensión mínima de 30 horas y máxima
de 120.
La imposición de esta sanción requerirá del acuerdo
del condenado, debiendo, en su caso, ser sustituida por
una sanción superior, no privativa de libertad.
Artículo 12.- Prohibición de conducir vehículos
motorizados. La prohibición de conducir vehículos
motorizados se podrá imponer a un adolescente como
sanción accesoria cuando la conducta en que se funda la
infracción por la cual se le condena haya sido ejecutada
mediante la conducción de dichos vehículos.
La sanción se hará efectiva desde el momento de
dictación de la sentencia condenatoria y su duración
podrá extenderse hasta el período que le faltare al
adolescente para cumplir veinte años.
En caso de quebrantamiento, se estará a lo
dispuesto en el artículo 52 de esta ley, a menos que a
consecuencia de la conducción se hubiere afectado la
vida, la integridad corporal o la salud de alguna
persona, caso en el cual se remitirán los antecedentes
al Ministerio Público para el ejercicio de las acciones
que correspondan.
Artículo 13.- Libertad asistida. La libertad
asistida consiste en la sujeción del adolescente al
control de un delegado conforme a un plan de desarrollo
personal basado en programas y servicios que favorezcan
su integración social.
La función del delegado consistirá en la
orientación, control y motivación del adolescente e
incluirá la obligación de procurar por todos los medios
a su alcance el acceso efectivo a los programas y
servicios requeridos.
El control del delegado se ejercerá en base a las
medidas de supervigilancia que sean aprobadas por el
tribunal, que incluirán, en todo caso, la asistencia
obligatoria del adolescente a encuentros periódicos
previamente fijados con él mismo y a programas
socioeducativos. Para ello, una vez designado, el
delegado propondrá al tribunal un plan personalizado de
cumplimiento de actividades periódicas en programas o
servicios de carácter educativo, socio-educativo, de
terapia, de promoción y protección de sus derechos y de
participación. En él, deberá incluir la asistencia
regular al sistema escolar o de enseñanza que
corresponda.
Podrán incluirse en dicho plan medidas como la
prohibición de asistir a determinadas reuniones,
recintos o espectáculos públicos, de visitar
determinados lugares o de aproximarse a la víctima, a
sus familiares o a otras personas, u otras condiciones
similares.
La duración de esta sanción no podrá exceder de
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tres años.
Artículo 14.- Libertad asistida especial. En esta
modalidad de libertad asistida, deberá asegurarse la
asistencia del adolescente a un programa intensivo de
actividades socioeducativas y de reinserción social en
el ámbito comunitario que permita la participación en el
proceso de educación formal, la capacitación laboral, la
posibilidad de acceder a programas de tratamiento y
rehabilitación de drogas en centros previamente
acreditados por los organismos competentes y el
fortalecimiento del vínculo con su familia o adulto
responsable.
En la resolución que apruebe el plan, el tribunal
fijará la frecuencia y duración de los encuentros
obligatorios y las tareas de supervisión que ejercerá el
delegado.
La duración de esta sanción no podrá exceder los
tres años.
Párrafo 3º
De las sanciones privativas de libertad
Artículo 15.- Sanciones privativas de libertad. Las
sanciones privativas de libertad consisten en la
internación en régimen semicerrado con programa de
reinserción social y en la internación en régimen
cerrado con programa de reinserción social.
Estos programas de reinserción social se
realizarán, en lo posible, con la colaboración de la
familia.
Artículo 16.- Internación en régimen semicerrado
con programa de reinserción social. La sanción de
privación de libertad bajo la modalidad de internación
en régimen semicerrado con programa de reinserción
social consistirá en la residencia obligatoria del
adolescente en un centro de privación de libertad,
sujeto a un programa de reinserción social a ser
desarrollado tanto al interior del recinto como en el
medio libre.
Una vez impuesta la pena y determinada su duración,
el director del centro que haya sido designado para su
cumplimiento, propondrá al tribunal un régimen o
programa personalizado de actividades, que considerará
las siguientes prescripciones:
a) Las medidas a adoptar para la asistencia y
cumplimiento del adolescente del proceso de educación
formal o de reescolarización. El director del centro
deberá velar por el cumplimiento de esta obligación y
para dicho efecto mantendrá comunicación permanente con
el respectivo establecimiento educacional;
b) El desarrollo periódico de actividades de
formación, socioeducativas y de participación,
especificando las que serán ejecutadas al interior del
recinto y las que se desarrollarán en el medio libre, y
c) Las actividades a desarrollar en el medio libre
contemplarán, a lo menos, ocho horas, no pudiendo
llevarse a cabo entre las 22.00 y las 07.00 horas del
día siguiente, a menos que excepcionalmente ello sea
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necesario para el cumplimiento de los fines señalados en
las letras precedentes y en el artículo 20.
El programa será aprobado judicialmente en la
audiencia de lectura de la sentencia o en otra
posterior, que deberá realizarse dentro de los quince
días siguientes a aquélla.
El director del centro informará periódicamente al
tribunal acerca del cumplimiento y evolución de las
medidas a que se refiere la letra a).
Artículo 17.- Internación en régimen cerrado con
programa de reinserción social. La internación en
régimen cerrado con programa de reinserción social
importará la privación de libertad en un centro
especializado para adolescentes, bajo un régimen
orientado al cumplimiento de los objetivos previstos en
el artículo 20 de esta ley.
En virtud de ello, dicho régimen considerará
necesariamente la plena garantía de la continuidad de
sus estudios básicos, medios y especializados,
incluyendo su reinserción escolar, en el caso de haber
desertado del sistema escolar formal, y la participación
en actividades de carácter socioeducativo, de formación,
de preparación para la vida laboral y de desarrollo
personal. Además, deberá asegurar el tratamiento y
rehabilitación del consumo de drogas para quienes lo
requieran y accedan a ello.
Artículo 18.- Límite máximo de las penas privativas
de libertad. Las penas de internación en régimen cerrado
y semicerrado, ambas con programa de reinserción social,
que se impongan a los adolescentes no podrán exceder de
cinco años si el infractor tuviere menos de dieciséis
años, o de diez años si tuviere más de esa edad.
Párrafo 4º
Sanciones mixtas
Artículo 19.- Sanciones mixtas. En los casos en que
fuere procedente la internación en régimen cerrado o
semicerrado, ambas con programa de reinserción social,
el tribunal podrá imponer complementariamente una
sanción de libertad asistida en cualquiera de sus
formas, por un máximo que no supere el tiempo de la
condena principal. Esta última se cumplirá:
a) Con posterioridad a la ejecución de la pena
privativa de libertad, siempre y cuando en total no se
supere la duración máxima de ésta, o
b) En forma previa a su ejecución. En este caso la
pena principal quedará en suspenso y en carácter
condicional, para ejecutarse en caso de incumplimiento
de la libertad asistida en cualquiera de sus formas, en
el caso de las penas que se extienden hasta quinientos
cuarenta días.
Párrafo 5º
De la determinación de las sanciones
Artículo 20.- Finalidad de las sanciones y otras
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consecuencias. Las sanciones y consecuencias que esta
ley establece tienen por objeto hacer efectiva la
responsabilidad de los adolescentes por los hechos
delictivos que cometan, de tal manera que la sanción
forme parte de una intervención socioeducativa amplia y
orientada a la plena integración social.
Artículo 21.- Pena asignada a los delitos. Para los
efectos de la presente ley, se entenderá que la pena
asignada al delito cometido por un adolescente es la
inferior en un grado al mínimo de los señalados por la
ley para el ilícito correspondiente.
Artículo 22.- Reglas de determinación de la
extensión de las penas. Para establecer la duración de
la sanción que deba imponerse con arreglo a la presente
ley, el tribunal deberá aplicar, a partir de la pena
señalada en el artículo precedente, las reglas previstas
en el Párrafo 4 del Título III del Libro I del Código
Penal, con excepción de lo dispuesto en el artículo 69
de dicho Código.
Con todo, si la sanción calculada en la forma
dispuesta en el inciso precedente supera los límites
máximos dispuestos en el artículo 18, su extensión
definitiva deberá ajustarse a dichos límites.
Artículo 23.- Reglas de determinación de la
naturaleza de la pena. La determinación de la naturaleza
de la pena que deba imponerse a los adolescentes con
arreglo a la presente ley, se regirá por las reglas
siguientes:
1. Si la extensión de la sanción resulta
equivalente a una pena de crimen, el tribunal deberá
aplicar la pena de internación en régimen cerrado o
internación en régimen semicerrado, ambas con programa
de reinserción social.
2. Si la sanción va de tres años y un día a cinco
años, el tribunal podrá imponer las penas de internación
en régimen cerrado con programa de reinserción social,
internación en régimen semicerrado con programa de
reinserción social o libertad asistida especial.
3. Si la sanción se extiende entre quinientos
cuarenta y un días y tres años, el tribunal podrá
imponer las penas de internación en régimen semicerrado
con programa de reinserción social, libertad asistida en
cualquiera de sus formas y prestación de servicios en
beneficio de la comunidad.
4. Si la sanción se ubica entre sesenta y uno y
quinientos cuarenta días, el tribunal podrá imponer las
penas de internación en régimen semicerrado con programa
de reinserción social, libertad asistida en cualquiera
de sus formas, prestación de servicios en beneficio de
la comunidad o reparación del daño causado.
5. Si la sanción es igual o inferior a sesenta
días, el tribunal podrá imponer las penas de prestación
de servicios en beneficio de la comunidad, reparación
del daño causado, multa o amonestación.
Tabla Demostrativa
Extensión de la sanción y penas aplicables
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Desde 5 años y 1 día:
- Internación en régimen cerrado con programa de
reinserción social.
- Internación en régimen semicerrado con programa
de reinserción social.
Desde 3 años y un día a 5 años:
- Internación en régimen cerrado con programa de
reinserción social.
- Internación en régimen semicerrado con programa
de reinserción social.
- Libertad asistida especial.
Desde 541 días a 3 años:
- Internación en régimen semicerrado con programa
de reinserción social.
- Internación asistida en cualquiera de sus formas.
- Prestación de servicios en beneficio de la
comunidad.
Desde 61 a 540 días:
- Internación en régimen semicerrado con programa
de reinserción social.
- Libertad asistida en cualquiera de sus formas.
- Prestación de servicios en beneficio de la
comunidad.
- Reparación del daño causado.
Desde 1 a 60 días:
- Prestación de servicios en beneficio de la
comunidad.
- Reparación del daño causado.
- Multa.
- Amonestación.
Artículo 24.- Criterios de determinación de la
pena. Para determinar la naturaleza de las sanciones,
dentro de los márgenes antes establecidos, el tribunal
deberá atender, dejando constancia de ello en su fallo,
a los siguientes criterios:
a) La gravedad del ilícito de que se trate;
b) La calidad en que el adolescente participó en el
hecho y el grado de ejecución de la infracción;
c) La concurrencia de circunstancias atenuantes o
agravantes de la responsabilidad criminal;
d) La edad del adolescente infractor;
e) La extensión del mal causado con la ejecución
del delito, y
f) La idoneidad de la sanción para fortalecer el
respeto del adolescente por los derechos y libertades de
las personas y sus necesidades de desarrollo e
integración social.
Artículo 25.- Imposición conjunta de más de una
pena. En las situaciones regladas en los numerales 3 y 4
del artículo 23, el tribunal podrá imponer conjuntamente
dos de las penas que las mismas reglas señalan, siempre
que la naturaleza de éstas permita su cumplimiento
simultáneo.
Lo dispuesto en el inciso precedente tendrá lugar
sólo cuando ello permita el mejor cumplimiento de las
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finalidades de las sanciones de esta ley expresadas en
el artículo 20 y así se consigne circunstanciadamente en
resolución fundada.
Artículo 26.- Límites a la imposición de
sanciones. La privación de libertad se utilizará sólo
como medida de último recurso.
En ningún caso se podrá imponer una pena privativa
de libertad si un adulto condenado por el mismo hecho no
debiere cumplir una sanción de dicha naturaleza.
TITULO II
Procedimiento
Párrafo 1º
Disposiciones generales
Artículo 27.- Reglas de procedimiento. La
investigación y juzgamiento de la responsabilidad por
infracciones a la ley penal por parte de adolescentes se
regirá por las disposiciones contenidas en la presente
ley y supletoriamente por las normas del Código Procesal
Penal.
El conocimiento y fallo de las infracciones
respecto de las cuales el Ministerio Público requiera
una pena no privativa de libertad se sujetará a las
reglas del procedimiento simplificado o monitorio, según
sea el caso, regulados en el Título I del Libro IV del
Código Procesal Penal.
Artículo 28.- Concurso de procedimientos. Si a una
misma persona se le imputa una infracción sancionada por
esta ley y un delito cometido siendo mayor de dieciocho
años, la investigación y juzgamiento de estos hechos se
regirá por las normas del Código Procesal Penal
aplicable a los imputados mayores de edad.
Por su parte, si en un mismo procedimiento se
investiga la participación punible de personas mayores y
menores de edad, tendrá lugar lo dispuesto en los
artículos 185 y 274 del Código Procesal Penal. En todo
caso, si se hubiere determinado la sustanciación
conjunta de los procesos, se dará cumplimiento, respecto
del menor, de las normas que conforme a esta ley son
aplicables al juzgamiento de los adolescentes.
Párrafo 2º
Sistema de justicia especializada
Artículo 29.- Especialización de la justicia penal
para adolescentes. Los jueces de garantía, los jueces
del tribunal de juicio oral en lo penal, así como los
fiscales adjuntos y los defensores penales públicos que
intervengan en las causas de adolescentes, deberán estar
capacitados en los estudios e información criminológica
vinculada a la ocurrencia de estas infracciones, en la
Convención de los Derechos del Niño, en las
características y especificidades de la etapa
adolescente y en el sistema de ejecución de sanciones
establecido en esta misma ley.
No obstante, todo fiscal, defensor o juez con
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competencia en materias criminales se encuentra
habilitado para intervenir, en el marco de sus
competencias, si, excepcionalmente, por circunstancias
derivadas del sistema de distribución del trabajo, ello
fuere necesario.
En virtud de lo dispuesto en los incisos
precedentes, los comités de jueces de los tribunales de
garantía y orales en lo penal considerarán, en el
procedimiento objetivo y general de distribución de
causas, la radicación e integración preferente de
quienes cuenten con dicha capacitación.
Cada institución adoptará las medidas pertinentes
para garantizar la especialización a que se refiere la
presente disposición.
Artículo 30.- Capacitación de las policías. Las
instituciones policiales incorporarán dentro de sus
programas de formación y perfeccionamiento, los estudios
necesarios para que los agentes policiales cuenten con
los conocimientos relativos a los objetivos y contenidos
de la presente ley, a la Convención de los Derechos del
Niño y a los fenómenos criminológicos asociados a la
ocurrencia de estas infracciones.
Párrafo 3º
De las medidas cautelares personales
Artículo 31.- Detención en caso de flagrancia.
Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, en
sus respectivos ámbitos de competencia, deberán poner a
los menores de dieciocho años y mayores de catorce que
se encuentren en las situaciones previstas en los
artículos 129 y 131 del Código Procesal Penal, a
disposición del juez de garantía, de preferencia, de
manera inmediata, no pudiendo en caso alguno exceder de
un máximo de 12 horas. El adolescente sólo podrá
declarar ante el fiscal en presencia de un defensor.
Dicha detención se regulará, salvo en los aspectos
previstos en este artículo, por el párrafo 3º del Título
V, del Libro I del Código Procesal Penal. Si se diere
lugar a la ampliación del plazo de la detención conforme
al artículo 132 de dicho Código, ésta sólo podrá ser
ejecutada en los centros de internación provisoria de
que trata la presente ley.
La detención de una persona visiblemente menor en
un establecimiento distinto de los señalados en el
inciso anterior, constituirá una infracción funcionaria
grave y será sancionada con la medida disciplinaria que
proceda de acuerdo al mérito de los antecedentes, sin
perjuicio de las demás responsabilidades en que pueda
haber incurrido el infractor.
En la ejecución de la detención e internación
provisoria que sea decretada deberá darse cumplimiento a
lo previsto en los artículos 17 de la ley Nº 16.618 y
37, letra c), de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño. El menor privado de libertad siempre
podrá ejercer los derechos consagrados en los artículos
93 y 94 del Código Procesal Penal y 37 y 40 de esa
Convención. Los encargados de dichos centros no podrán
aceptar el ingreso de menores sino en virtud de órdenes
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impartidas por el juez de garantía competente.
Si el hecho imputado al menor fuere alguno de
aquellos señalados en el artículo 124 del Código
Procesal Penal, Carabineros de Chile se limitará a citar
al menor a la presencia del fiscal y lo dejará en
libertad, previo señalamiento de domicilio en la forma
prevista por el artículo 26 del mismo Código.
Artículo 32.- Medidas cautelares del procedimiento.
La internación provisoria en un centro cerrado sólo será
procedente tratándose de la imputación de crímenes,
debiendo aplicarse cuando los objetivos señalados en el
inciso primero del artículo 155 del Código Procesal
Penal no pudieren ser alcanzados mediante la aplicación
de alguna de las demás medidas cautelares personales.
Artículo 33.- Proporcionalidad de las medidas
cautelares. En ningún caso podrá el juez dar lugar a una
medida que parezca desproporcionada en relación con la
sanción que resulte probable de aplicar en caso de
condena.
Artículo 34.- Permiso de salida diaria. Tratándose
de un adolescente imputado sujeto a una medida de
internación provisoria, el juez podrá, en casos
calificados, concederle permiso para salir durante el
día, siempre que ello no vulnere los objetivos de la
medida. Al efecto, el juez podrá adoptar las
providencias que estime convenientes.
Artículo 35.- Principio de oportunidad. Para el
ejercicio del principio de oportunidad establecido en el
artículo 170 del Código Procesal Penal, los fiscales
tendrán en especial consideración la incidencia que su
decisión podría tener en la vida futura del adolescente
imputado.
Asimismo, para la aplicación de dicha norma se
tendrá como base la pena resultante de la aplicación del
artículo 21 de la presente ley.
Párrafo 4º
Inicio de la persecución de la responsabilidad por la
infracción a la ley penal por parte de un adolescente
Artículo 36.- Primera audiencia.- De la realización
de la primera audiencia a que deba comparecer el
imputado deberá notificarse a sus padres o a la persona
que lo tenga bajo su cuidado. Si el juez lo considera
necesario, permitirá la intervención de éstos, si
estuvieren presentes en la audiencia.
Artículo 37.- Juicio Inmediato. Las reglas del
juicio inmediato establecidas en el artículo 235 del
Código Procesal Penal serán plenamente aplicables cada
vez que el fiscal lo solicite y especialmente cuando se
trate de una infracción flagrante imputada a un
adolescente.
En estos casos, sólo por razones fundadas que el
fiscal señalará en su petición, el juez de garantía
podrá autorizar la realización de diligencias concretas
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y determinadas para la investigación de una infracción
flagrante, las que no podrán exceder de 60 días,
rigiendo, en lo demás, lo dispuesto en el artículo
siguiente. Igual derecho asistirá a la defensa del
imputado, en el mismo caso.
Artículo 38.- Plazo para declarar el cierre de la
investigación. Transcurrido el plazo máximo de seis
meses desde la fecha en que la investigación hubiere
sido formalizada, el fiscal procederá a cerrarla, a
menos que el juez le hubiere fijado un plazo inferior.
Antes de cumplirse cualquiera de estos plazos, el fiscal
podrá solicitar, fundadamente, su ampliación por un
máximo de dos meses.
Párrafo 5º
Juicio oral y sentencia
Artículo 39.- Audiencia del juicio oral. El juicio
oral, en su caso, deberá tener lugar no antes de los 15
ni después de los 30 días siguientes a la notificación
del auto de apertura del juicio oral.
En ningún caso el juicio podrá suspenderse o
interrumpirse por un término superior a 72 horas.
Artículo 40.- Audiencia de determinación de la
pena. La audiencia a que se refiere el inciso final del
artículo 343 del Código Procesal Penal deberá llevarse a
cabo en caso de dictarse sentencia condenatoria. En
dicha audiencia, el tribunal podrá requerir la opinión
de peritos.
Artículo 41.- Suspensión de la imposición de
condena. Cuando hubiere mérito para aplicar sanciones
privativas o restrictivas de libertad iguales o
inferiores a 540 días, pero concurrieren antecedentes
favorables que hicieren desaconsejable su imposición, el
juez podrá dictar la sentencia y disponer en ella la
suspensión de la pena y sus efectos por un plazo de seis
meses.
Transcurrido el plazo previsto en el inciso
anterior sin que el imputado hubiere sido objeto de
nuevo requerimiento o de una formalización de la
investigación, el tribunal dejará sin efecto la
sentencia y, en su reemplazo, decretará el
sobreseimiento definitivo de la causa.
Esta suspensión no afectará la responsabilidad
civil derivada del delito.
Lo dispuesto en este artículo es sin perjuicio de
la posibilidad de decretar la suspensión condicional del
procedimiento.
TITULO III
De la ejecución de las sanciones y medidas
Párrafo 1º
Administración
Artículo 42.- Administración de las medidas no
privativas de libertad. El Servicio Nacional de Menores
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asegurará la existencia en las distintas regiones del
país de los programas necesarios para la ejecución y
control de las medidas a que se refiere esta ley, las
que serán ejecutadas por los colaboradores acreditados
que hayan celebrado los convenios respectivos con dicha
institución.
Para tal efecto, llevará un registro actualizado de
los programas existentes en cada comuna del país, el que
estará a disposición de los tribunales competentes.
El Servicio revisará periódicamente la pertinencia
e idoneidad de los distintos programas, aprobando su
ejecución por parte de los colaboradores acreditados y
fiscalizando el cumplimiento de sus objetivos.
En la modalidad de libertad asistida especial se
asegurará la intervención de la red institucional y de
protección del Estado, según se requiera. Será
responsabilidad del Servicio Nacional de Menores la
coordinación con los respectivos servicios públicos.
El reglamento a que alude el inciso final del
artículo siguiente contendrá las normas necesarias para
dar cumplimiento a lo establecido en este artículo.
Artículo 43.- Centros de privación de libertad. La
administración de los Centros Cerrados de Privación de
Libertad y de los recintos donde se cumpla la medida de
internación provisoria, corresponderá siempre y en forma
directa al Servicio Nacional de Menores.
Para dar cumplimiento a las sanciones privativas de
libertad y a la medida de internación provisoria
contenidas en esta ley existirán tres tipos de centros:
a) Los Centros para la Internación en Régimen
Semicerrado.
b) Los Centros Cerrados de Privación de Libertad.
c) Los Centros de Internación Provisoria.
Para garantizar la seguridad y la permanencia de los
infractores en los centros a que se refieren las letras
b) y c) precedentes, se establecerá en ellos una guardia
armada de carácter externo, a cargo de Gendarmería de
Chile. Esta permanecerá fuera del recinto, pero estará
autorizada para ingresar en caso de motín o en otras
situaciones de grave riesgo para los adolescentes y
revisar sus dependencias con el solo objeto de
evitarlas.
La organización y funcionamiento de los recintos
aludidos en el presente artículo se regulará en un
reglamento dictado por decreto supremo expedido por
medio del Ministerio de Justicia, conforme a las normas
contenidas en el presente Título.
Artículo 44.- Condiciones básicas de los centros de
privación de libertad. La ejecución de las sanciones
privativas de libertad estará dirigida a la
reintegración del adolescente al medio libre.
En virtud de ello, deberán desarrollarse acciones
tendientes al fortalecimiento del respeto por los
derechos de las demás personas y al cumplimiento del
proceso de educación formal y considerarse la
participación en actividades socioeducativas, de
formación y de desarrollo personal.
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Artículo 45.- Normas de orden interno y seguridad
en recintos de privación de libertad. Los adolescentes
estarán sometidos a las normas disciplinarias que dicte
la autoridad para mantener la seguridad y el orden.
Estas normas deben ser compatibles con los derechos
reconocidos en la Constitución, en la Convención
Internacional sobre los Derechos del Niño, en los demás
tratados internacionales ratificados por Chile que se
encuentren vigentes y en las leyes.
Dichas normas regularán el uso de la fuerza
respecto de los adolescentes y contendrán, a lo menos,
los siguientes aspectos:
a) El carácter excepcional y restrictivo del uso de
la fuerza, lo que implica que deberá ser utilizada sólo
cuando se hayan agotado todos los demás medios de
control y por el menor tiempo posible, y
b) La prohibición de aplicar medidas disciplinarias
que constituyan castigos corporales, encierro en celda
obscura y penas de aislamiento o de celda solitaria, así
como cualquier otra sanción que pueda poner en peligro
la salud física o mental del adolescente o sea
degradante, cruel o humillante.
Artículo 46.- Normas disciplinarias en recintos de
privación de libertad. Las medidas y procedimientos
disciplinarios que se dispongan deberán encontrarse
contemplados en la normativa del establecimiento y
tendrán como fundamento principal contribuir a la
seguridad y a la mantención de una vida comunitaria
ordenada, debiendo, en todo caso, ser compatibles con el
respeto de la dignidad del adolescente.
Para estos efectos, la normativa relativa a dichos
procedimientos precisará, a lo menos, los siguientes
aspectos:
a) Las conductas que constituyen una infracción a
la disciplina;
b) El carácter y la duración de las sanciones
disciplinarias que se pueden imponer, y
c) La autoridad competente para imponer esas
sanciones y aquella que deberá resolver los recursos que
se deduzcan en su contra.
Artículo 47.- Excepcionalidad de la privación de
libertad. Las sanciones privativas de libertad que
contempla esta ley son de carácter excepcional. Sólo
podrán aplicarse en los casos expresamente previstos en
ella y siempre como último recurso.
Artículo 48.- Principio de separación. Las personas
que se encontraren privadas de libertad por la
aplicación de alguna de las sanciones o medidas
previstas en esta ley, sea en forma transitoria o
permanente, en un lugar determinado o en tránsito,
deberán permanecer siempre separadas de los adultos
privados de libertad.
Las instituciones encargadas de practicar
detenciones, de administrar los recintos en que se deban
cumplir sanciones o medidas que implican la privación de
libertad, los administradores de los tribunales y, en
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general, todos los organismos que intervengan en el
proceso para determinar la responsabilidad que establece
esta ley, adoptarán las medidas necesarias para dar
estricto cumplimiento a lo dispuesto en el inciso
anterior.
El incumplimiento de esta obligación constituirá
una infracción grave a los deberes funcionarios.
Párrafo 2º
Derechos y garantías de la ejecución
Artículo 49.- Derechos en la ejecución de
sanciones. Durante la ejecución de las sanciones que
regula esta ley, el adolescente tendrá derecho a:
a) Ser tratado de una manera que fortalezca su
respeto por los derechos y libertades de las demás
personas, resguardando su desarrollo, dignidad e
integración social;
b) Ser informado de sus derechos y deberes con
relación a las personas e instituciones que lo tuvieren
bajo su responsabilidad;
c) Conocer las normas que regulan el régimen
interno de las instituciones y los programas a que se
encuentre sometido, especialmente en lo relativo a las
causales que puedan dar origen a sanciones
disciplinarias en su contra o a que se declare el
incumplimiento de la sanción;
d) Presentar peticiones ante cualquier autoridad
competente de acuerdo a la naturaleza de la petición,
obtener una respuesta pronta, solicitar la revisión de
su sanción en conformidad a la ley y denunciar la
amenaza o violación de alguno de sus derechos ante el
juez, y
e) Contar con asesoría permanente de un abogado.
Tratándose de adolescentes sometidos a una medida
privativa de libertad, éstos tendrán derecho a:
i) Recibir visitas periódicas, en forma directa y
personal, al menos una vez a la semana;
ii) La integridad e intimidad personal;
iii) Acceder a servicios educativos, y
iv) La privacidad y regularidad de las
comunicaciones, en especial con sus abogados.
Párrafo 3º
Del control de ejecución de las sanciones
Artículo 50.- Competencia en el control de la
ejecución. Los conflictos de derecho que se susciten
durante la ejecución de alguna de las sanciones que
contempla la presente ley serán resueltos por el juez de
garantía del lugar donde ésta deba cumplirse.
En virtud de ello y previa audiencia, el juez de
garantía adoptará las medidas tendientes al respeto y
cumplimiento de la legalidad de la ejecución y
resolverá, en su caso, lo que corresponda en caso de
quebrantamiento.
Artículo 51.- Certificación de cumplimiento. La
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institución que ejecute la sanción, informará sobre el
total cumplimiento de la misma a su término, por
cualquier medio fidedigno, al juez de que trata el
artículo anterior, el que deberá certificar dicho
cumplimiento.
Asimismo, deberá informar de cualquier
incumplimiento cuando éste se produzca.
Artículo 52.- Quebrantamiento de condena. Si el
adolescente no diere cumplimiento a alguna de las
sanciones impuestas en virtud de la presente ley, el
tribunal encargado del control de la ejecución
procederá, previa audiencia y según la gravedad del
incumplimiento, conforme a las reglas siguientes:
1.- Tratándose de la multa, aplicará en forma
sustitutiva la sanción de prestación de servicios en
beneficio de la comunidad por un máximo de 30 horas. Si
el adolescente no aceptare la medida, aplicará la
libertad asistida en cualquiera de sus formas por el
tiempo señalado en el numeral 3.- del presente artículo.
2.- Idéntica regla se seguirá en caso de infracción
de la prohibición de conducir vehículos motorizados, sin
perjuicio de la mantención de la prohibición por el
tiempo restante.
3.- Tratándose del incumplimiento de las medidas de
reparación del daño y prestación de servicios en
beneficio de la comunidad, se aplicará en forma
sustitutiva la libertad asistida en cualquiera de sus
formas por un período de hasta tres meses.
4.- El incumplimiento de la libertad asistida se
sancionará con libertad asistida especial o con
internación en régimen semicerrado con programa de
reinserción social, con una duración máxima de sesenta
días, lo que se determinará según la gravedad de los
hechos que fundan la medida, sin perjuicio del
cumplimiento de la sanción originalmente impuesta.
En caso de incumplimiento reiterado de la libertad
asistida, se aplicará lo dispuesto en el siguiente
numeral.
5.- El incumplimiento de la libertad asistida
especial dará lugar a la sustitución de la sanción por
internación en régimen semicerrado con programa de
reinserción social, por un período equivalente al número
de días que faltaren por cumplir.
6.- El incumplimiento de la internación en régimen
semicerrado con programa de reinserción social podrá
sancionarse con la internación en un centro cerrado por
un período no superior a los noventa días, sin perjuicio
del cumplimiento de la sanción originalmente impuesta
por el tiempo restante. En caso de reiteración de la
misma conducta, podrá aplicarse la sustitución, en forma
definitiva, por un período a fijar prudencialmente por
el tribunal, que en caso alguno será superior al tiempo
de duración de la condena inicialmente impuesta.
7.- El incumplimiento del régimen de libertad
asistida en cualquiera de sus formas al que fuere
sometido el adolescente en virtud de lo dispuesto en el
artículo 19, facultará al juez para ordenar que se
sustituya su cumplimiento por la internación en régimen
cerrado con programa de reinserción social por el tiempo
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que resta.
Artículo 53.- Sustitución de condena. El tribunal
encargado del control de la ejecución de las sanciones
previstas en esta ley, de oficio o a petición del
adolescente o su defensor, podrá sustituirla por una
menos gravosa, en tanto ello parezca más favorable para
la integración social del infractor y se hubiere
iniciado su cumplimiento.
Para estos efectos, el juez, en presencia del
condenado, su abogado, el Ministerio Público y un
representante de la institución encargada de la
ejecución de la sanción, examinará los antecedentes,
oirá a los presentes y resolverá. A esta audiencia
podrán asistir los padres del adolescente o las personas
que legalmente hubieren ejercido la tuición antes de su
privación de libertad, y la víctima o su representante.
La inasistencia de estos últimos no será nunca obstáculo
para el desarrollo de la audiencia.
La resolución que se pronuncie sobre una solicitud
de sustitución será apelable para ante la Corte de
Apelaciones respectiva.
En caso alguno la internación en un régimen
cerrado podrá sustituirse por una de las sanciones
previstas en las letras e) o f) del artículo 6º.
Artículo 54.- Sustitución condicional de las
medidas privativas de libertad. La sustitución de una
sanción privativa de libertad podrá disponerse de manera
condicionada. De esta forma, si se incumpliere la
sanción sustitutiva, podrá revocarse su cumplimiento
ordenándose la continuación de la sanción originalmente
impuesta por el tiempo que faltare.
Artículo 55.- Remisión de condena. El tribunal
podrá remitir el cumplimiento del saldo de condena
cuando, en base a antecedentes calificados, considere
que se ha dado cumplimiento a los objetivos pretendidos
con su imposición. Para ello será aplicable lo dispuesto
en los incisos segundo y tercero del artículo 53.
Para los efectos de resolver acerca de la remisión,
el tribunal deberá contar con un informe favorable del
Servicio Nacional de Menores.
Tratándose de una sanción privativa de libertad, la
facultad de remisión sólo podrá ser ejercida si se ha
cumplido más de la mitad del tiempo de duración de la
sanción originalmente impuesta.
TITULO FINAL
Artículo 56.- Cumplimiento de la mayoría de edad.
En caso que el imputado o condenado por una infracción a
la ley penal fuere mayor de dieciocho años o los
cumpliere durante la ejecución de cualquiera de las
sanciones contempladas en esta ley o durante la
tramitación del procedimiento, continuará sometido a las
normas de esta ley hasta el término de éste.
Si al momento de alcanzar los dieciocho años restan
por cumplir menos de seis meses de la condena de
internación en régimen cerrado, permanecerá en el centro
de privación de libertad del Servicio Nacional de
Page 18
Menores.
Si al momento de alcanzar los dieciocho años le
restan por cumplir más de seis meses de la condena de
internación en régimen cerrado, el Servicio Nacional de
Menores evacuará un informe fundado al juez de control
de ejecución en que solicite la permanencia en el centro
cerrado de privación de libertad o sugiera su traslado a
un recinto penitenciario administrado por Gendarmería de
Chile.
Dicho informe se enviará al tribunal con a lo menos
tres meses de anterioridad a la fecha de cumplimiento de
la mayoría de edad y se referirá al proceso de
reinserción del adolescente y a la conveniencia, para
tal fin, de su permanencia en el centro cerrado de
privación de libertad. El informe deberá comunicarse a
todas las partes involucradas en el proceso.
En caso de ordenar el tribunal su permanencia, se
revisará su situación según se desarrolle el proceso de
reinserción en apreciación de la administración del
centro.
En caso de ordenar el tribunal su traslado a un
recinto penitenciario, las modalidades de ejecución de
dicha condena deberán seguir siendo ejecutadas conforme
a las prescripciones de esta ley.
Excepcionalmente, el Servicio Nacional de Menores
podrá solicitar al tribunal de control competente que
autorice el cumplimiento de la internación en régimen
cerrado en un recinto administrado por Gendarmería de
Chile, cuando el condenado hubiere cumplido la mayoría
de edad y sea declarado responsable de la comisión de un
delito o incumpla de manera grave el reglamento del
centro poniendo en riesgo la vida e integridad física de
otras personas.
En todos los casos previstos en este artículo, el
Servicio Nacional de Menores, Gendarmería de Chile y las
autoridades que correspondan adoptarán las medidas
necesarias para asegurar la separación de las personas
sujetas a esta ley menores de dieciocho años con los
mayores de edad y de los adultos sujetos a esta ley
respecto de los condenados conforme a la ley penal de
adultos.
Artículo 57.- Academia Judicial. Para los efectos
de lo previsto en el artículo 29, la Academia Judicial
considerará la dictación de los cursos de
especialización a que esa norma se refiere en el
programa de perfeccionamiento destinado a los miembros
de los escalafones primario, secundario y de empleados
del Poder Judicial.
En todo caso, el requisito establecido en dicha
disposición podrá ser acreditado sobre la base de
antecedentes que den cuenta del cumplimiento de cursos
de formación especializada en la materia, impartidos por
otras instituciones alternativas a la Academia Judicial.
La certificación respectiva la emitirá dicha
institución, en base a los antecedentes que proporcione
el solicitante.
Artículo 58.- Restricción de libertad de menores de
catorce años. Si se sorprendiere a un menor de catorce
años en la ejecución flagrante de una conducta que,
Page 19
cometida por un adolescente constituiría delito, los
agentes policiales ejercerán todas las facultades
legales para restablecer el orden y la tranquilidad
públicas y dar la debida protección a la víctima en
amparo de sus derechos.
Una vez cumplidos dichos propósitos, la autoridad
respectiva deberá poner al niño a disposición del
tribunal de familia a fin de que éste procure su
adecuada protección. En todo caso, tratándose de
infracciones de menor entidad podrá entregar al niño
inmediata y directamente a sus padres y personas que lo
tengan a su cuidado y, de no ser ello posible, lo
entregará a un adulto que se haga responsable de él,
prefiriendo a aquellos con quienes tuviere una relación
de parentesco, informando en todo caso al tribunal de
familia competente.
Para los efectos de que el fiscal pueda interrogar
al menor en calidad de testigo, se estará a las normas
generales que regulan la materia.
Artículo 59.- Modificaciones al decreto ley Nº 645,
de 1925. Agrégase el siguiente inciso final en el
artículo 2º del decreto ley Nº 645, de 1925, que crea el
Registro Nacional de Condenas:
"Los antecedentes relativos a los procesos o
condenas de menores de edad sólo podrán ser consignados
en los certificados que se emitan para ingresar a las
Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile, Gendarmería de
Chile y a la Policía de Investigaciones o para los fines
establecidos en el inciso primero del presente
artículo.".
Artículo 60.- Modificaciones al Código Penal.
Introdúcense las siguientes modificaciones:
a) Sustitúyese el número 2º del artículo 10 por el
siguiente:
"2º El menor de dieciocho años. La responsabilidad
de los menores de dieciocho años y mayores de catorce se
regulará por lo dispuesto en la ley de responsabilidad
penal juvenil.".
b) Derógase el número 3º del artículo 10.
c) Suprímese el inciso primero del artículo 72.
Artículo 61.- Modificaciones a la ley Nº 18.287.
Derógase el artículo 26 de la ley Nº 18.287, que
establece el procedimiento ante los Juzgados de Policía
Local.
Artículo 62.- Modificaciones al Código de Justicia
Militar. Sustitúyense los incisos segundo y tercero del
artículo 135, por el siguiente:
"Los menores de edad exentos de responsabilidad
penal serán puestos a disposición del tribunal
competente en asuntos de familia.".
Artículo 63.- Modificaciones a la Ley de Menores.
Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley Nº
Page 20
16.618, cuyo texto refundido, coordinado y
sistematizado, fue fijado por el decreto con fuerza de
ley Nº 1, de 2000, del Ministerio de Justicia:
a) Derógase el artículo 16;
b) En el inciso segundo del artículo 16 bis,
suprímese la siguiente oración: "De la misma forma
procederá respecto de un menor de dieciséis años
imputado de haber cometido una falta.".
c) Suprímese el inciso cuarto del artículo 16 bis.
d) Deróganse los artículos 28 y 29.
e) Suprímese el inciso segundo del artículo 31.
f) Deróganse los artículos 41, 51, 52, 53, 58 y 65.
g) Sustitúyese el artículo 71, por el siguiente:
"Artículo 71. El Presidente de la República,
mediante decreto supremo expedido mediante el Ministerio
de Justicia, determinará los Centros de Diagnósticos
existentes y su localización.".
Artículo 64.- Modificaciones a la ley Nº 19.640. En
el inciso primero del artículo 72, sustitúyese el
guarismo "625" por "647", referido a la categoría
"Fiscal Adjunto"; el guarismo "69" por "70", referido a
la categoría "Jefe de Unidad", y el guarismo "860" por
"866" referido a la categoría "Profesionales".
Artículo 65.- Modificaciones al Código Orgánico de
Tribunales. Introdúcense las siguientes modificaciones:
1. Al artículo 14:
a) En la letra f), a continuación de la palabra
"penal", sustitúyense la coma (,) y la letra "y" por un
punto y coma (;).
b) Incorpórase la siguiente letra g), nueva,
pasando la actual letra g) a ser letra h):
"g) Conocer y resolver todas las cuestiones y
asuntos que la ley de responsabilidad penal juvenil les
encomienden, y".
2. Al artículo 16, en el acápite que en cada caso
se señala:
a.- Quinta Región de Valparaíso:
En el párrafo séptimo, reemplázase la expresión
"Viña del Mar, con seis jueces," por la siguiente: "Viña
del Mar, con siete jueces,".
b.- Octava Región del Bío Bío:
En el párrafo noveno, reemplázase la expresión
"Coronel, con un juez," por la siguiente: "Coronel, con
dos jueces,".
c.- Décima Región de Los Lagos:
En el párrafo final, reemplázase la expresión
"Castro, con un juez," por la siguiente: "Castro, con
dos jueces,".
d.- Región Metropolitana de Santiago:
En el párrafo segundo, reemplázase la expresión
"Puente Alto, con siete jueces", por la siguiente:
"Puente Alto, con ocho jueces".
En el párrafo séptimo, reemplázanse la expresión
Page 21
"Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, con diecisiete
jueces,", por "Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago,
con dieciocho jueces,"; la expresión "Séptimo Juzgado de
Garantía de Santiago, con ocho jueces,", por "Séptimo
Juzgado de Garantía de Santiago, con diez jueces,"; la
expresión "Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, con
nueve jueces," por "Octavo Juzgado de Garantía de
Santiago, con diez jueces,", y la expresión "Noveno
Juzgado de Garantía de Santiago, con diecisiete jueces,"
por "Noveno Juzgado de Garantía de Santiago, con
dieciocho jueces,".
3. Al artículo 18:
a) En la letra c), a continuación de la expresión
"juicio oral", elimínanse la coma (,) y la letra "y", y
en su reemplazo, introdúcese un punto coma (;).
b) Intercálase la siguiente la letra d), nueva,
pasando la actual letra d) a ser letra e):
"d) Conocer y resolver todas las cuestiones y
asuntos que la ley de responsabilidad penal juvenil les
encomienden, y".
4. En el artículo 21, reemplázase, en el acápite
referido a la Región Metropolitana de Santiago, la
expresión "Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de
Santiago, con quince jueces,", por "Cuarto Tribunal de
Juicio Oral en lo Penal de Santiago, con dieciocho
jueces,".
5. Incorpórase un artículo 47 C, nuevo, del tenor
siguiente:
"Artículo 47 C.- Tratándose de los tribunales de
juicio oral en lo penal, las Cortes de Apelaciones
podrán ejercer las potestades señaladas en el artículo
47, ordenando que uno o más de los jueces del tribunal
se aboquen en forma exclusiva al conocimiento de las
infracciones de los adolescentes a la ley penal, en
calidad de jueces de garantía, cuando el mejor servicio
judicial así lo exigiere.".
6. Sustitúyese el artículo 585 bis, por el
siguiente:
"Artículo 585 bis. Lo dispuesto en los artículos
567, 578, 580 y 581 será aplicable a los recintos en que
se ejecuten las medidas de internación provisoria y de
internación en régimen cerrado establecidas en la ley
que regula la responsabilidad penal de los adolescentes.
Artículo 66.- Modificaciones a la ley Nº 19.665.
Agrégase en el inciso primero del artículo 6º de la ley
Nº 19.665, un párrafo final del siguiente tenor:
"Juzgados con dieciocho jueces: dieciocho jueces,
cinco funcionarios de la tercera serie del Escalafón
Secundario y cuarenta y tres funcionarios del Escalafón
del Personal de Empleados del Poder Judicial.".
Artículo 67.- Modificaciones a la ley Nº 19.718.
Introdúcense las siguientes modificaciones en el
artículo 28 de la ley Nº 19.718, que fija la planta de
personal de la Defensoría Penal Pública:
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a) Reemplázase, para los profesionales grado 7º, el
guarismo "16" por "18".
b) Reemplázase, para los administrativos grado 17º,
el guarismo "20" por "21".
c) Reemplázase, para el Total Planta, el guarismo
"454" por "457".
Artículo 68.- Modificaciones a la ley Nº 19.968, de
Tribunales de Familia. Introdúcense las siguientes
modificaciones en la ley Nº 19.968:
a) En el número 10 del artículo 8º, sustitúyese la
expresión "29" por "30" y agrégase el siguiente párrafo
nuevo después del punto y coma (;) que pasa a ser punto
seguido (.): "El procedimiento se sujetará a las reglas
establecidas en el Párrafo 4º del Título IV de la
presente ley;".
b) Incorpórase al artículo 8º el siguiente numeral
10 bis, nuevo:
"10 bis) Las infracciones que en caso de ser
ejecutadas por mayores de edad constituirían faltas y
que no dan lugar a responsabilidad penal, conforme al
artículo 102 A. El juzgamiento de las mismas se someterá
a las reglas establecidas en el Párrafo 4º del Título IV
de la presente ley.".
c) Incorpórase, a continuación del artículo 102, el
siguiente Párrafo 4º, nuevo:
"Párrafo 4º
Procedimiento Contravencional ante los Tribunales de
Familia
Artículo 102 A.- Las faltas contenidas en la
legislación vigente que sean cometidas por adolescentes,
constituirán contravenciones de carácter administrativo
para todos los efectos legales y su juzgamiento se
sujetará al procedimiento regulado en este Párrafo.
Se exceptúan de lo dispuesto en el inciso anterior
únicamente las faltas tipificadas en los artículos 494,
Nºs. 1, 4, 5, y 19, este último en lo que dice relación
con el artículo 477; en el artículo 494 bis y en el
artículo 496, Nºs. 5 y 26, todos del Código Penal, y
aquellas contempladas en la ley Nº 20.000 o en los
cuerpos normativos que la sustituyan, cometidas por
adolescentes mayores de 16 años, cuyo conocimiento
estará sujeto a lo preceptuado por la ley que regula la
responsabilidad penal de los adolescentes.
Artículo 102 B.- Será aplicable al proceso
contravencional lo dispuesto en los Párrafos 1º, 2º y 3º
del Título III de esta ley, en lo que no sea
incompatible con lo dispuesto en el presente Título y
con la naturaleza infraccional de las faltas a juzgar.
Artículo 102 C.- Será competente para el
conocimiento de los asuntos a que se refiere el inciso
primero del artículo 102 A el tribunal del lugar en que
se hubiere ejecutado el hecho. Tratándose de los asuntos
a que se refiere el numeral 10 del artículo 8º, será
Page 23
competente el tribunal del domicilio del menor, sin
perjuicio de la potestad cautelar que pudiere
corresponder al tribunal que inicialmente conozca del
asunto en razón del lugar donde se cometió el hecho.
Artículo 102 D.- El procedimiento podrá iniciarse
con el solo mérito del parte policial que dé cuenta de
la denuncia interpuesta por un particular o de la falta
flagrante en que se haya sorprendido a un adolescente.
En ambos casos la policía procederá a citar al
adolescente para que concurra a primera audiencia ante
el tribunal, lo que deberá quedar consignado en el parte
respectivo.
Los particulares también podrán formular la
denuncia directamente al tribunal.
Artículo 102 E.- De la realización de la primera
audiencia a que deba comparecer el imputado deberá
notificarse también a sus padres o a la persona que lo
tenga bajo su cuidado, y al denunciante o al afectado,
según corresponda.
Todos quienes sean citados deberán concurrir a la
audiencia con sus medios de prueba.
Artículo 102 F.- Si el adolescente no concurriere a
la primera citación, el tribunal podrá ordenar que sea
conducido a su presencia por medio de la fuerza pública.
En este caso se procurará que la detención se practique
en el tiempo más próximo posible al horario de
audiencias del tribunal.
Artículo 102 G.- El adolescente tendrá derecho a
guardar silencio.
Artículo 102 H.- Al inicio de la audiencia, el juez
explicará al adolescente sus derechos y, sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo anterior, lo interrogará
sobre la veracidad de los hechos imputados por el
requerimiento. En caso de que el adolescente reconozca
los hechos, el juez dictará sentencia de inmediato, la
que no será susceptible de recurso alguno.
En la sentencia se podrá imponer la sanción de
amonestación si ésta resulta proporcionada a la gravedad
de los hechos y a la edad del adolescente para
responsabilizarlo por la contravención, a menos que
mediare reiteración, en cuyo caso deberá imponerse
alguna de las restantes sanciones previstas en el
artículo 102 J.
Artículo 102 I.- Si el adolescente negare los
hechos o guardare silencio, se realizará el juzgamiento
de inmediato, procediéndose a oír a los comparecientes y
a recibir la prueba, tras lo cual se preguntará al
adolescente si tiene algo que agregar. Con su
declaración o sin ella, el juez pronunciará sentencia de
absolución o condena.
Artículo 102 J.- El juez podrá imponer al
adolescente únicamente alguna de las siguientes
sanciones contravencionales:
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a) Amonestación;
b) Reparación material del daño;
c) Petición de disculpas al ofendido o afectado;
d) Multa de hasta 2 Unidades Tributarias Mensuales;
e) Servicios en beneficio de la comunidad, de
ejecución instantánea o por un máximo de tres horas, y
f) Prohibición temporal de asistir a determinados
espectáculos, hasta por tres meses.
El tribunal podrá aplicar conjuntamente más de una
de las sanciones contempladas en este artículo, lo que
deberá fundamentarse en la sentencia.
Artículo 102 K.- Las sentencias definitivas
dictadas en procesos por infracciones cometidas por
adolescentes serán inapelables.
Artículo 102 L.- A solicitud de parte, el juez
podrá sustituir una sanción por otra durante el
cumplimiento de la misma.
Artículo 102 M.- En caso de incumplimiento de la
sanción impuesta, el tribunal remitirá los antecedentes
al Ministerio Público para los efectos previstos en el
inciso segundo del artículo 240 del Código de
Procedimiento Civil.".
Artículo 69.- Preferencia para integrar ternas. Sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 281 del Código
Orgánico de Tribunales, tendrán preferencia para ser
incluidos en las ternas elaboradas para proveer cargos
de juez de garantía unipersonales y juez de letras con
competencia de garantía los postulantes que hubieren
cumplido el curso de especialización a que se refieren
los artículos 29 y 56 de la presente ley.
Artículo 70.- Modificaciones a la Ley Orgánica de
Gendarmería de Chile. Modifícase el decreto ley Nº
2.859, que contiene la Ley Orgánica de Gendarmería de
Chile, en la forma que sigue:
1) En el artículo 3º, letra a), agrégase a
continuación del punto final la siguiente oración:
"Además, deberá estar a cargo de la seguridad perimetral
de los centros del Servicio Nacional de Menores para la
internación provisoria y el cumplimiento de las
sanciones privativas de libertad de los adolescentes por
infracción de ley penal.".
2) En el artículo 3º, agrégase a continuación de la
letra c), la siguiente letra d):
"d) Colaborar en la vigilancia de los Centros del
Servicio Nacional de Menores para adolescentes que se
encuentran en internación provisoria o con sanción
privativa de libertad, realizando las siguientes
funciones:
1. Ejercer la vigilancia y custodia perimetral
permanente de los centros privativos de libertad.
2. Controlar el ingreso al centro.
3. Colaborar en el manejo de conflictos al interior
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de los centros, tales como fugas, motines y riñas.
4. Asesorar a los funcionarios del Servicio
Nacional de Menores en el manejo de conflictos internos
y de la seguridad en general.
5. Realizar los traslados de los adolescentes a
tribunales y a otras instancias externas de acuerdo a
solicitudes de la autoridad competente.".
ARTICULOS TRANSITORIOS
Artículo 1º.- Vigencia. La presente ley entrará en
vigencia seis meses después de su publicación, con
excepción de lo dispuesto en las letras a) y c) del
artículo 68.
Artículo 2º.- Nombramientos. La provisión de los
cargos de Jueces de Garantía, Jueces de Tribunal Oral en
lo Penal y Fiscales del Ministerio Público que establece
la presente ley se realizará de acuerdo a las reglas
generales aplicables en cada caso, considerando
solamente las siguientes excepciones:
a) Los nuevos cargos deberán encontrarse provistos
con a lo menos 45 días de antelación a la fecha en que
empezará a regir el sistema, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo precedente;
b) Para los efectos de dar cumplimiento a lo
previsto en la letra a) en el caso de los Jueces de
Garantía e integrantes del Tribunal Oral en lo Penal,
las Cortes de Apelaciones respectivas deberán elaborar y
remitir al Ministerio de Justicia la nómina con las
ternas respectivas para cada cargo dentro del plazo de
sesenta días contado desde la publicación de esta ley.
Artículo 3º.- Cursos de especialización. La
exigencia de especialización y las modalidades de
integración de la sala del tribunal de juicio oral en lo
penal y de distribución de asuntos en los tribunales con
competencia en materias criminales se aplicarán seis
meses después de la fecha de entrada en vigencia de la
presente ley.
En todo caso, las Cortes de Apelaciones podrán
prorrogar dicho término por otros seis meses, por
motivos fundados.".
Habiéndose cumplido con lo establecido en el Nº 1º
del Artículo 93 de la Constitución Política de la
República y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y
sancionarlo; por tanto promúlguese y llévese a efecto
como Ley de la República.
Santiago, 28 de noviembre de 2005.- RICARDO LAGOS
ESCOBAR, Presidente de la República.- Luis Bates
Hidalgo, Ministro de Justicia.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.-
Saluda atentamente a Ud., Jaime Arellano Quintana,
Subsecretario de Justicia.
Tribunal Constitucional
Proyecto de ley que establece un sistema de
responsabilidad de los adolescentes por infracciones a
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la ley penal
El Secretario del Tribunal Constitucional, quien
suscribe, certifica que la Honorable Cámara de Diputados
envió el proyecto de ley enunciado en el rubro, aprobado
por el Congreso Nacional, a fin de que este Tribunal
ejerciera el control de constitucionalidad respecto de
los artículos 29; 50; 53; 61; 62; 63, en lo referente a
la derogación de los artículos 28, 29, 31, inciso
segundo, 41 y 65 de la ley Nº 16.618; 64; 65; 66; 68, en
lo concerniente al artículo 102 C) que se incorpora a la
ley Nº 19.968, y 69, permanentes, y los artículos 2º y
3º transitorios del mismo, y por sentencia de 11 de
octubre de 2005, dictada en los autos Rol Nº 459,
declaró:
1.
Que los artículos 29; 50; 53; 61; 62; 63, letra d)
y letra f), en cuanto se refiere a la derogación
del artículo 65 de la ley Nº 16.618; 65, Nºs. 1),
2), 3), 4) y 5); 66, que agrega un párrafo final
al inciso primero del artículo 6º de la ley Nº
19.665 en la medida que se refiere a jueces de
tribunales de garantía; 68, en lo concerniente al
artículo 102 C) que se incorpora a la ley Nº
19.968, y 69 permanentes y 2º transitorio del
proyecto remitido son constitucionales.
2.
Que no corresponde al Tribunal pronunciarse sobre
los artículos permanentes 63, letra e) y letra f),
en lo que dice relación con la derogación del
artículo 41 de la ley Nº 16.618; 64; 65, Nº 6 y
66, que introduce un párrafo final al artículo 6º,
inciso primero, de la ley Nº 19.665, en cuanto no
se refiere a jueces de tribunales de garantía, y
3º transitorio del proyecto remitido, por versar
sobre materias que no son propias de ley orgánica
constitucional.
Santiago, 11 de noviembre de 2005.- Rafael Larraín
Cruz, Secretario.